Mario Fernández en Tribuna Libre del Diario Financiero

21 enero 2019

Como empresario y emprendedor chileno y latinoamericano, el creador y CEO de Gosocket Corp, entrega una visión crítica al acuerdo sobre la Ley de Pago a 30 Días.

El texto publicado es el siguiente:

SOÑANDO UN PAGO A 30 DIAS

Se ha hablado bastante de la promulgación de la ley de pago a 30 días, la cual beneficiaría a más de 1 millón de pymes del país, al definir un plazo real y determinado para el pago de facturas.

Luego, he escuchado algún disenso y crítica en cuanto a lo extenso de las fechas definidas: que los primeros dos años, el plazo máximo de pago será de 60 días y quedará en 30 a partir del mes 25; y que para el sector salud y municipalidades, rigen plazos aún mayores.

Pero lo anterior –plazos más, plazos menos- es una minucia, si el sistema llegara a funcionar realmente, tal como lo pretende esta ley. Total, se ha esperado tantos años…

Sin embargo, he aquí otro “pero”: sin modificaciones a la ley ya promulgada, todo lo anterior es una ilusión. Letra muerta. Y lo digo como CEO de una empresa chilena con más de 15 años de experiencia en facturación electrónica, y operación en 12 países de Latinoamérica.

¿Cómo podrá saberse si una factura está efectivamente pagada o no? Esto es fundamental para la fiscalización y para que el SII pueda permitir el uso del IVA Compra. Se reconoce que efectivamente una de las limitaciones a la implementación inmediata del uso de IVA crédito, es la verificación del pago de la factura.

Pregunta dos y consecuencia de la anterior: ¿cómo se implementará un mecanismo efectivo para aplicar las sanciones a los que no paguen a tiempo? Desde la ASECH me indican que “la ley tendrá una implementación (al 4to mes de publicada) desde el Ministerio de Economía, con un reglamento que debiese resolver este tipo de dudas. En caso de que, efectivamente, no se pague el saldo insoluto de dicha factura, de pleno derecho se aplica interés y comisión, los que serán parte integrante de la factura, ya sea la tenga el factoring o el emisor”.

Ahí surgen nuevas dudas ¿quién y cómo se cobrará? ¿Habrá un mecanismo previo a la judicialización? Ha habido muchas fotos, conferencias de prensa y entrevistas, pero las dudas son mayores a las certezas. La ley muestra debilidades, ambigüedades por todos los flancos y lo que es una victoria política hoy, puede jugar en contra en uno o dos años más. Aquí se le ha tirado una papa caliente al Gobierno, y no sé cómo podrán arreglar esto.

Nuestra empresa, que maneja millones de facturas electrónicas mensualmente, lleva años tratando de establecer un mecanismo de pagos electrónicos B2b, incluso con grandes clientes pidiendo este servicio, y en la práctica ha sido imposible, porque no existe -en pleno Siglo XXI, con una Big Data e Inteligencia Artificial que alcanza importantes logros en diversos sectores-, una plataforma ABIERTA para integrarse con los bancos.

El tema es profundo, pero evidente: el foco inicial debió ser abrir realmente el mundo de las transacciones financieras electrónicas, impulsando servicios Fintech de gran valor para todos, tales como los pagos electrónicos y el eFactoring, y que sí permiten saber si la factura está pagada o no. Llama la atención que en pleno epicentro de la transformación digital en el mundo, no se viera una solución por esta vía, por el lado de la innovación y la competencia. Esta es la forma en que se resuelven los problemas entre privados.

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